El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) -más conocido como Registro de Morosos- ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) por ser una práctica restrictiva.
La decisión de Competencia supondrá la paralización de todas las actividades del registro de morosos en un plazo de 15 días.
Este polémico registro inició su andadura con roces. En 1991 recibió su primera denuncia ante el Consejo Superior Bancario (CSB), entonces responsable del RAI. El motivo: que los denunciantes consideraron ya en aquel momento que el funcionamiento del mismo colisionaba con las prácticas de una leal y sana competencia por tratarse de un registro que supone la concertación entre las distintas entidades de crédito para transmitirse entre sí informaciones sobre clientes que inciden en las condiciones comerciales o de servicio.
El RAI nació como un registro sectorial de solvencia patrimonial y crédito, cuyo objeto es intercambiar datos entre las entidades participantes, sin que terceras personas físicas o jurídicas tengan la posibilidad de acceder a ellos. La inclusión de una persona en un Registro de Morosos, significaba, de esta forma, su “muerte civil”, según recogían algunas de las denuncias presentadas contra el RAI, ya que le impide acceder a créditos para financiar sus proyectos.
